Raúl García, Consultor y ex Presidente ENARGAS.
El próximo Gobierno debería implementar una política energética y tarifaria muy diferente de la que ha venido aplicando la actual administración. Si como viene ocurriendo desde hace más de una década, las tarifas de los servicios energéticos se encuentran disociadas de los costos económicos y de la sustentabilidad financiera de las empresas prestadoras, los impuestos y los subsidios también lo están de sus verdaderos fines. Los impuestos, entre algunos de sus principales fines, deberían recaudarse para atender gastos sociales y para el financiamiento de bienes y servicios para los que la única manera de hacerlo es por esa vía, principalmente bienes públicos – como lo gastos en defensa como se explica en los libros de texto.
Esta breve introducción es a los efectos de llamar la atención sobre varias cuestiones, todas interrelacionadas: la primera, que esperar a que falte la energía o el gas natural, para luego hacer la obra, analizar si alcanza o no la tarifa para recuperar lo que resta de su costo con subsidios, fue y seguirá siendo una mala forma de pretender resolver los problemas de abastecimiento del sector. Es el enfoque que más entienden los técnicos, llenar la caja de los ingresos con instrumentos tarifarios y no tarifarios, pero que nada tiene que ver con aplicar sensatez económica: al final siempre hacen falta más obras de infraestructura porque los principios que guían la determinación de las tarifas no sirven para alentar la oferta de servicios ni para desalentar el consumo dispendioso. La segunda cuestión, es que si no se le imprime una dosis de racionalidad económica a la política energética del próximo Gobierno, actuando de manera rápida, los problemas subsistirán y la calidad de vida de los argentinos ciertamente empeorará.
Por eso, en este tiempo de elecciones, conviene insistir sobre cuestiones más bien básicas, pero que tallan a la hora de la toma de decisiones, porque aunque que sean éstas de corte político o no, sus consecuencias son siempre económicas.
Por ejemplo, ¿cuál debe ser el principio que debe guiar la elección del tipo de energía a ser provisto al futuro usuario? ¿Se continúa con el intervencionismo del Estado de esta última década o conviene ir separando roles entre el sector privado prestador y el Estado? El precio único y regulado del gas, ¿es lo que va a impulsar el desarrollo del Upstream?
Veamos la primera pregunta. Sigue instalado en el pensamiento popular que es obligación del Estado llevar el gas natural a todo ciudadano del territorio nacional desconsiderando el costo económico de suministrar energía por esa vía. Y por si eso fuera poco, se espera que con el gas natural se resuelvan los problemas de subdesarrollo de una región postergada. La pregunta que debiera responderse es: si para los usos que se le va a dar a la energía que provee el gas natural, es ésta la fuente de energía más económica para cubrir esas necesidades. La respuesta involucra un análisis económico entre las varias fuentes alternativas. Pero los lobbies asociados a cada fuente energética, el atractivo de las grandes obras, el populismo, influyen para distorsionar o para que el diagnóstico serio del problema no se lleve a cabo. Tal vez es mucho más económico continuar entregando gas licuado y subsidiando con un criterio de necesidad, que lanzarse en obras de infraestructura de gas natural que no las podrán pagar los actuales ni los futuros usuarios, pero como las pagamos entre todos, parece que fuera ‘justo’. Sin embargo, la contracara de esa mala decisión es que se dejan de emprender actividades más valiosas y el problema en esa o tal región del país no se resuelve. Por caso, el menor desarrollo en las provincias del Noreste no tiene que ver con la falta de gas natural, tiene que ver con otros indicadores sociales – económicos, y la falta del Gobierno es doble: no enfocar bien el problema del costo de la energía por un lado, y por el otro, no entender que el problema del desarrollo tiene otras causas.
Otro ejemplo fueron los problemas de desabastecimiento desde mediados de la última década, para los que el Gobierno en lugar de restablecer los mecanismos de mercado y regulatorios suspendidos tras la Ley de Emergencia, intervino en las transacciones del mercado de gas desconociendo los derechos de los prestadores e imponiendo obligaciones de abastecimiento a productores de hidrocarburos con precios y tarifas muy alejados de cualquier referencia de precio o costo razonable. Resultados: las condiciones de abastecimiento empeoraron – más cortes, más importaciones y menor producción doméstica- no obstante la cada vez más profusa y confusa intervención en los mercados por parte del Estado. Hoy pareciera que es un éxito sustituir las crecientes importaciones que ese subsistema de administración estatal de los continuos desbalance de oferta y demanda creó y se materializó en la energía más cara para la economía en su conjunto, pero disfrazada con subsidios, recargos e impuestos de todo tipo para su financiamiento.
El próximo Gobierno Nacional tendrá, en lo que le corresponde en el sistema político institucional argentino, la ardua tarea de recrear un sistema regulatorio que aliente la oferta de gas de manera eficiente y desaliente los usos no económicos, para de esa manera reducir el costo energético y aumentar la calidad de la prestación. Esto sin duda significará, entre otras medidas complementarias, reajustar los ingresos tarifarios para hacer sustentable la prestación de los servicios e ir eliminando subsidios entre categorías de servicios para que la tarifa en cada segmento refleje adecuadamente el costo de prestación, y un componente significativo de la tarifa al usuario es el precio del gas natural.
Reajustar tarifas y precios para que reflejen el costo de prestación, significa implementar aumentos tarifarios significativos, y por eso se discute un período de transición para escalonar esos aumentos con un precio regulado, pero tarde o temprano el ajuste tendrá que realizarse. Vale sin embargo preguntarse cuál podría ser una salida de mercado y aprovechar la fuerte caída en el precio internacional del gas y del petróleo.
Regular el precio del gas en base a costos es complejo, hay una fuerte asimetría de información entre quien pretende regularlo y el regulado, y cada cual en el sector, como en todas las actividades enfrenta costos diferentes por múltiples motivos. Pero regular con un precio de gas puede ser una solución ineficiente, aunque mejor que otras, aun imponiéndole obligaciones a quien participa de un esquema regulado. En definitiva se trataría de una solución de segundo mejor.
Una alternativa que puede considerarse luego del período de transición, es utilizar algún esquema de licitación con contratación de largo plazo, transparente, y así promover una oferta eficiente que compita para abastecer el mercado. Los precios del gas que surjan de las licitaciones deberían ser trasladados a las tarifas del mercado regulado sin mayores inconvenientes porque los procesos transparentes legitiman ese proceder.
Un tercer tema a abordar es la cuestión de roles y funciones de los agentes del mercado. Hoy el Estado Nacional reasumió su rol de empresario, interviene en todas las transacciones, y el ejercicio de la actividad regulatoria debiera recuperar su independencia política-administrativa. La presente asignación de roles genera por cierto conflictos de interés, promueve el amiguismo con el Estado, conlleva la falta de transparencia, y no es ésta la estructura institucional que permite articular un terreno nivelado para atraer inversiones productivas y que sirvan para que el sistema gasífero-energético pueda crecer superando los problemas de abastecimiento de esta última década. Con reglas de alcance general se alentará a la inversión en toda la cadena, obteniendo efectos positivos sobre la oferta incremental de gas y encontrando soluciones de permanencia a los problemas del abastecimiento energético del país.