Subsidios, un tumor que demanda cirugía

Daniel Montamat, Economista

Los subsidios económicos son subsidios a la oferta. Incluyen como rubro principal la energía, luego el transporte, las empresas públicas y otros menores. El año pasado, según la Asociación de Presupuesto (ASAP) totalizaron $ 178.605 millones (u$s 21.977 millones). En el 2005 eran de $ 5.965 millones (u$s 1.904 MM). Esta suma no incluye algunas resignaciones de cobro de impuestos como la compra de combustibles desgravados (gasoil, naftas) que también impactan en las cuentas públicas. Para tener una idea de su importancia relativa una primera comparación relevante se debe hacer con los subsidios sociales que tienen beneficiarios individualizados (asignación universal y otros) y que el año pasado sumaron $ 25.710 millones, representando alrededor del 10% de los subsidios totales. Para tener otra idea de su magnitud, el total de subsidios económicos en el 2014 fue de casi 6% del PIB, una cifra un poco inferior al déficit fiscal.
Cuando el festival de subsidios recién comenzaba a escalar, el inolvidable Abel Viglione los caracterizó como subsidios Hood, Robin porque redistribuían al revés, beneficiaban más a los que más tenían. Hubo sucesivas investigaciones que probaron con datos la inequidad distributiva de los subsidios económicos. Una de las más serias la dio a conocer el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires el año pasado. Involucraba los distintos servicios (gas de red, gas envasado, electricidad, agua, colectivo, tren, avión) y concluía que del total de subsidios el quintil de menor ingreso se había beneficiado con el 12.1% de los subsidios, mientras el quintil de los que tienen más ingreso recibió casi el 30% de los subsidios. Hay otros análisis que han probado la inequidad regional y que sirven para entender su vigencia en el tiempo pese a su regresividad. Los subsidios económicos favorecen las zonas de mayor concentración electoral (Área Metropolitana -Cono Urbano) en perjuicio del interior del país.
Este año los subsidios económicos van a seguir creciendo aunque a un menor ritmo debido a la reducción de los subsidios destinados a importar energía (influidos por la baja de precios internacionales), pero ya constituyen un desafío mayúsculo para cualquier estrategia estabilizadora que se proponga la nueva administración de gobierno. Una eliminación total de los subsidios económicos implicaría una suba tarifaria que, además de su impacto en los presupuestos familiares, de entrada tendría repercusión en la tasa de inflación. Algunos estiman que el impacto inflacionario sería de entre un 10 y un 15% adicional. En el otro extremo, si se decidiera convivir con la herencia de este esquema de subsidios, sería imposible reducir el desequilibrio de las cuentas públicas y articular una estrategia antiinflacionaria creíble. El gradualismo aparece como el camino políticamente indicado, pero siempre queda la duda sobre si conviene extraer un tumor por partes.
De cualquier manera, hay ciertas recomendaciones de buena práctica que habrá que tener presente cuando se intervenga el paciente económico que transfiere esta administración. En primer lugar, donde sea operativo, hay que transformar el subsidio a la oferta en subsidio a la demanda. Un ejemplo lo ha dado el propio Gobierno con la tarjeta SUBE el año pasado, o al transformar este año el subsidio al gas licuado (garrafa social) en un subsidio focalizado en los consumidores (2.5 millones sobre un total de 4.5). La instrumentación de una tarifa social permitiría focalizar por indicadores socio-económicos a los argentinos a ser beneficiados con tantos metros cúbicos de gas o kilovatios de electricidad por mes traducidos en pesos de crédito sobre la tarifa. Los consumos adicionales pagarán la tarifa no subsidiada.
Segundo, en la reestructuración de subsidios y recomposición de tarifas hay que tender a precios mayoristas únicos en los servicios públicos donde sea posible. A partir de esos precios las distintas jurisdicciones asumirán responsabilidad por los tramos tarifarios que les correspondan. Tercero, las tarifas resultantes deben contener estímulos al uso eficiente y, en lo posible, atenuar picos y congestiones.